En esta peligrosa encrucijada

Ha llegado este

 Editorial de Ecclesia.

Desde el punto de vista 

de nuestros Obispos, 

vale la pena hacerse eco de estas consideraciones.

En esta peligrosa encrucijada

 – Editoral Ecclesia-

Los recientes anuncios de durísimas medidas económicas –y que, probablemente, no serán las últimas– por parte del Gobierno español han desatado una oleada de protestas, que pueden ir aumentando a medida que pasen los meses. Al mismo tiempo, el Jefe del Estado ha llamado a tener visión de futuro y poner la mirada en el interés general y el bien común de todos los españoles, haciendo hincapié en que «nadie puede quedar excluido de los efectos de la recuperación económica» deseada, sobre todo los jóvenes y quienes sufren cada día la desazón por la falta de empleo y perspectivas de futuro.

Hemos vivido inmersos en la fiesta del despilfarro, alentada fundamentalmente por políticos irresponsables, que solamente buscaban privilegiar a la propia casta y aumentar el clientelismo ideológico, pese a que fueran incrementándose las deudas hasta límites disparatados. El desgobierno de lo público, tanto en el Estado como en las diecisiete Comunidades autónomas, ha sido tan generalizado que la sociedad parecía resignada mientras las cosas no iban tan mal como ahora. La irresponsabilidad y la demagogia, la ignorancia y escasa preparación junto con la corrupción y la inmoralidad han pervertido, en buena parte, el espíritu de servicio en la clase dirigente y el impulso de colaboración en los ciudadanos que llevaron a cabo la difícil Transición que afrontó España en los años 70-80 del siglo pasado.

No agrada a los contribuyentes que la solución de los problemas económicos pase por incrementar los ingresos por la vía de impuestos, sobre todo si contemplan cómo no se afrontan reformas estructurales encaminadas a disminuir drásticamente los gastos superfluos. El compromiso de austeridad conlleva simultáneamente ambos sacrificios: el que afecta a los dirigentes sociales y políticos –que con harta frecuencia parecen comportarse como una casta–, a base de no despilfarrar y de renunciar a prebendas que son insultantes para una cuarta parte de la población en el desempleo (téngase en cuenta que más de la mitad de los jóvenes están en paro), y el que afecta a la sociedad entera a base de arrimar el hombro mediante sacrificios en la percepción de los sueldos o por las diferentes vías impositivas. El buen gobernante es aquel que sabe sacar adelante un país sin agredir a las clases productivas ni causar daños notables a los sectores y personas más débiles de la sociedad. Pero sería mal asunto caer en la tentación del recurso a la demagogia y la algarada por parte de los diferentes grupos de presión: políticos, sindicatos, medios de comunicación social… Por eso, el Rey insistía en que, en esta coyuntura especialmente complicada, España vuelva a ser la «sociedad madura que sabe responder con responsabilidad, solidaridad, templanza y espíritu de sacrificio cuando las circunstancias lo exigen».

El tiempo corre a favor de los acreedores que, desde instancias europeas, presionan a un país que está tremendamente endeudado; y es más que probable que los gobernantes terminarán cediendo a las exigencias de aquellos, recortando gastos inútiles de las administraciones municipales, provinciales, autonómicas y nacionales; pero en el camino, hasta que se llegue a la supresión de los privilegios que la casta política ha ido otorgándose a sí misma en los últimos lustros, se habrá castigado y empobrecido precisamente a quienes deberían haber sido los últimos en sufrir los efectos de una economía maltrecha, casi a punto de colapso. ¿No habrá que preguntarse si la ruta que se ha emprendido, con un abundante listado de medidas extraordinarias que se están poniendo en marcha y otras que vendrán, quizá se está haciendo en dirección inversa?

No pretendemos enumerar el catálogo de horrores financieros de los que se han ocupado los medios de comunicación social en las últimas décadas. No entramos en consideración tampoco sobre las medidas de carácter económico y administrativo anunciadas por el Gobierno para someterlas a un juicio técnico. Y en modo alguno queremos evaluar las soluciones que proponen los expertos, sean del sesgo ideológico que sean. Son los representantes políticos los que tienen la responsabilidad de cooperar decididamente al bien común con arreglo a criterios de justicia y equidad, que únicamente deberán desequilibrarse para hacerlo a favor del débil y necesitado, siguiendo los más elementales criterios de una sana antropología y moral social.

Por desgracia, como alguno ha recordado en estos días difíciles, cobran actualidad las palabras del historiador latino Tácito cuando decía que lo peor que puede ocurrir a una sociedad es que no sea capaz ni de soportar sus males ni tampoco sus remedios. Esta es la peligrosa encrucijada en que nos encontramos.

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